Cada vez, son más los litigios en la industria aseguradora. Los datos de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) y los indicadores de las principales firmas contabilizaron 425.000 juicios y mediaciones a septiembre de 2014, 12,9% más que en el mismo mes de 2013, señala una nota de El Cronista.
Poseen un 25% de participación en el mercado en primas emitidas, pero son responsables del 50,5% de los juicios y mediaciones. La siniestralidad del ramo alcanza el 92%», dice Leandro Canosa, gerente Técnico de Gaman acerca de las ART.
La abogada del estudio Nicholson y Cano, Marcela Botta supone que los conflictos del ramo atendidos por su oficina en 2014 aumentaron un 40% frente a 2013.
Preocupa porque implica un encarecimiento del siniestro promedio para las compañías y un problema de previsión para establecer una estrategia a largo plazo», asegura Canosa.
El peso de la litigiosidad sobre el mercado del trabajo es altísimo. El sistema de ART transita un serio contexto de costos contingentes impredecibles que atenta contra la solvencia y calidad de servicio de todo el sistema», afirma Mara Bettiol, presidente de la Unión de Aseguradores de Riesgos del Trabajo (UART). La ejecutiva certifica que, aunque el sistema de ART consiguió disminuir los accidentes de trabajo, no para de recibir demandas judiciales.
El sistema de riesgos del trabajo cubre a 9,2 millones de trabajadores y a 1,3 millón de empleadores. De producirse un siniestro, atiende al damnificado desde el minuto cero. La morosidad es de 4,4%. Desde su implementación, los accidentes fatales se redujeron 65%, habiendo evitado 6.849 muertes. Hoy, atiende una media de 600.000 casos y brinda 2 millones de prestaciones asistenciales. Pero la litigiosidad crece», puntualiza Bettiol.
Por otra parte, la suba es exponencial. En 2014 hubo 87.803 demandas, 12% más que en 2013, según la UART, cuando las presentaciones habían crecido 22% ante 2012. El aumento de litigios contra las ART se disparó con la nueva ley de riesgos de trabajo (26.773), reglamentada en 2012, señalan fuentes del mercado. La norma establece una suba en las indemnizaciones.
El efecto de la ley es contraproducente: corre a los empleadores de las acciones legales y las ART terminan pagando los platos rotos», testifica un letrado con experiencia en juicios laborales.
Los juicios civiles tienen otro cariz. Hay un proceso más engorroso para demostrar las lesiones y la mayoría de los estudios que representan a empleados tienen el know-how acerca de cómo conducirse en la justicia laboral», dice Marcelo Rodríguez, del estudio Gustavo Costas & Asociados.
En la mayoría de los casos, los abogados le hacen juicio a la aseguradora porque es más impersonal que enfrentarse al empleador. «Hay una creencia generalizada a la que recurren los abogados que representan a los supuestos damnificados que les hace juicio, total paga la ART. Esto es falso: las empresas y la relación con el empleado también se resiente», explica Víctor Varone, socio de Iezzi- Varone.
Si una empresa tiene un índice de siniestralidad o de litigios alto, aunque no sean juicios contra ella, cuando se siente a renegociar la póliza con la ART, va a tener que pagar una póliza más cara y también va a recibir más inspecciones», concuerda Botta.
El trámite ante un accidente laboral está establecido en la ley, pero no impide que la industria del juicio se reproduzca. «La norma establece parámetros. Los daños y discapacidades remanentes de un accidente o de una enfermedad están tabulados en un baremo que se integró a la ley, como referencia obligatoria. Y que establece contingencias y prestaciones precisas y predeterminadas», explica Bettiol.
El problema surge cuando la ART determina el porcentaje de discapacidad.
Casi siempre los damnificados, asesorados por sus letrados, reclaman más puntos de los que establecieron los médicos de la ART», dice Botta.
La intimación se hace ante la aseguradora y no ante el empleador, para evitar las complicaciones del juicio civil. «Es mucho más burocrático y el abogado de la parte damnificada tiene menos injerencia en el peritaje que en el fuero laboral. Y los puntos de indemnización se calculan diferente», agrega Rodríguez.
En la tabulación del porcentaje de discapacidad intervienen la edad, el oficio y el salario. Un punto de incapacidad en el fuero laboral arranca en $ 6.200. En el civil puede ser de entre $ 3.000 y $ 4.000 y es más complicado de probar. Los jueces laborales son más propensos a fallar a favor del empleado que de la ART.
La falta de previsibilidad en las sentencias preocupa, sobre todo, en el interior. Obedece a la falta de conocimiento sobre el mercado asegurador. No hay previsibilidad basada en una norma, sino en la experiencia de frecuentar un fuero o jurisdicción», admite Martín Argañaraz Luque, del estudio Allende & Brea.
Por ultimo, destacan que las ART son un actor nuevo en el panorama judicial de las aseguradoras y que además, desplazaron al ramo automotor del primer lugar en el ranking de litigios. Según la SSN, Automotores concentra más del 60% de los juicios y mediaciones que no comprenden riesgos de trabajo. En segundo lugar (16%), las acciones por siniestros en el transporte público de pasajeros.
La cantidad de juicios crece, pero también el parque automotor. Es al revés de lo que sucede con los riesgos de trabajo. También hay algunas contingencias, como el robo de elementos importados o la sustracción de ruedas», dice Rodríguez.
Varone coincide: «Las aseguradoras de automotores tienen el know-how para las valuaciones y para determinar si hubo fraude». Otra diferencia es cómo se tramitan: los reclamos por daños en los vehículos, casi siempre, se gestionan dentro las compañías.
Las demandas por accidentes viales toman curso en la justicia civil. Los peritajes son más burocráticos y los puntos por discapacidad menos onerosos que los que pagan las ART en la demanda laboral. Un punto de incapacidad por un siniestro de tránsito arranca en $ 3.000, la mitad que uno por un accidente laboral.En consecuencia a esto, muchas de las acciones legales no llegan a última instancia, sino que termina en acuerdo extrajudicial. Todo depende de la política de la compañía pero la mayoría prefiere arreglar.
Las aseguradoras más solventes y activas en la administración de estos problemas resuelve normalmente los reclamos mediante acuerdos extrajudiciales, en la medida en que la pretensión sea razonable», concluye Sergio Alfonso, de Silva Ortiz, Alfonso, Pavic & Louge.
