El Gobierno enviará al Congreso el proyecto de ley sobre la reforma de la Ley 26.773, la cual será rubricada próximamente por el presidente Mauricio Macri. Tal iniciativa propone frenar el constante crecimiento de litigiosidad contra el Sistema de Riesgos del Trabajo, un fenómeno que acumula un stock de más de 350 mil juicios en los últimos tres años y supone un costo laboral de más de USD 5000 millones, según las estimaciones oficiales que revela una publicación de El Cronista.
El eje central de la iniciativa fue elaborada por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, cuyo titular, Gustavo Morón, explicó que será el fuero federal de la Seguridad Social el ámbito jurisdiccional en el que deberán dirimirse las controversias vinculadas a accidentes y/o enfermedades laborales.
Tal como habíamos anticipado en una nota de 100% SEGURO (ver nota) desde la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) aseguran que una parte de la solución de la alta litigiosidad está en manos del Poder Judicial, como lo viene sosteniendo desde que, con la entrada en vigencia de la reforma de 2012, surgieron diversas interpretaciones judiciales en cuanto a su aplicación.
Como se dijo, el Superintendente de Riesgos del Trabajo pretende ratificar la pertenencia del Sistema de Riesgos del Trabajo al régimen de seguridad social, para resolver los factores negativos de la litigiosidad.
[box type=»note»] Una de las mayores inquietudes de la SRT está relacionada con la aceleración que registró la industria del juicio tras la última reforma, con un incremento promedio interanual de 15% en la cantidad de demandas y más de 350 mil juicios acumulados en los últimos tres años, lo que supone un costo laboral estimado en torno a los u$s 5000 millones. Para las empresas se trata de una preocupación permanente por el impacto del aumento de la litigiosiodad en los precios que pagan por la contratación de seguros de accidentes laborales. [/box]Desde el Gobierno advierten que de mantenerse los actuales niveles de litigiosidad, el sistema podría llegar a colapsar.
Que el ciudadano vea que el sistema da respuesta genuina y no se vea obligado a ser rehén de una industria del juicio que conspira contra él y la viabilidad del sistema», enfatizó Morón en diálogo con a El Cronista.
Al respecto, el Superintendente afirmó que “actualmente el 70% de las contingencias amparadas por la ley se reclaman a través de juicios laborales que evitan la obligatoriedad de la intervención previa de las comisiones, situación que «conspira» contra los trabajadores”.
Por estas razones, el organismo promoverá una ley convenio que requerirá de la adhesión especial de las Legislaturas provinciales, en la apuesta de «sentar las bases de una alianza sólida entre Nación y Provincia para que la cobertura de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales sea una cuestión de Estado», enfatizó el funcionario.
Por ello, el máximo representante de la SRT -según él mismo reveló- consensuó aspectos centrales de la reforma con representantes del sector empleador, de las principales centrales sindicales y con las autoridades de UART. Se espera así terminar con una industria del juicio que ha llevado a un estado de situación insostenible, a guarismos imposibles de sustentar y una reforma pasada que, lejos del objetivo perseguido, agravó el panorama.
