Días atrás, la Unidad de Información Financiera le remitió una carta a los diferentes órganos de control (recordemos que la Superintendencia de Seguros de la Nación es uno de ellos) para instruir a los sujetos obligados que se encuentren bajo su órbita –entre ellos, las compañías de seguros –, a constatar el Sistema de Reporte de Operaciones en relación a la alerta enviada respecto a operaciones con o vinculadas al “Gobierno Ilegítimo de Venezuela”.
La misiva del organismo antilavado lleva la firma de María Eugenia Talerico, vicepresidente de la UIF, fue enviada en el marco del alerta llamada “Alerta a los Sujetos Obligados sobre Operaciones con o Vinculadas al Gobierno Ilegítimo de Venezuela”, dada a conocer a mediados de enero/19 a todos los sujetos obligados, dados los sucesos de público conocimiento que se vienen dando en Venezuela.
La clave tiene que ver con las operaciones comerciales en las que se encuentran involucradas personas allegadas al Gobierno “Ilegítimo” de Nicolás Maduro, en línea con la declaración dada a conocer por el Grupo Lima.
Por ello, se solicitó adoptar “una debida diligencia reforzada sobre los debidos sujetos enumerados en el Anexo I» de dicha alerta. En ese Anexo incluye un listado con un centenar de funcionarios del gobierno de Venezuela (figuran desde el presidente y vicepresidenta de Venezuela, hasta el titular de la Asamblea Nacional Constituyente) así como otras 24 empresas de distintos rubros allegadas al régimen de Maduro.
Bajo este contexto, la recientemente emitida nota de la UIF requiere a todos los sujetos obligados a adoptar una debida diligencia reforzada sobre esos sujetos, así como sobre aquellas personas que posean vínculos personales o jurídicos con los mismos, e informen mediante la emisión de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) a la UIF en un plazo de 48 horas en el caso de detectar operaciones realizadas o tentadas donde esas personas o empresas tengan alguna intervención, ya sea directa o indirecta.
Por otro lado, insta a los sujetos obligados a informar mediante la emisión de un ROS todos los bienes y/o activos que registren a nombre de los sujetos enumerados en el referido Anexo I, y todos los activos donde los mismos -así como aquellas personas que posean vínculos personales o jurídicos con ellos- se identifiquen como apoderados o beneficiarios finales.
Todo ello, tal como surge de la carta a la que accedió 100% SEGURO, “atento a los riesgos en los que podrían incurrir si realizan operaciones con el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro y su entorno o con cualquier entidad pública o empresa de propiedad, o bajo el control del Estado Venezolano, sin el aval de la Asamblea Nacional».
