La Superintendencia de Riesgos del Trabajo y el Ministerio de Trabajo y Empleo de la provincia de Misiones acordaron acciones para impulsar mejoras en las condiciones de trabajo y fortalecer la prevención.
El convenio fue firmado por el superintendente de Riesgos del Trabajo, Gustavo Morón, y el ministro de Trabajo y Empleo de la provincia de Misiones, Juan Carlos Agulla. También estuvo presente el gerente de Comunicación y Relaciones Institucionales, Fernando Pérez.
El acuerdo establece el compromiso de definir una estrategia conjunta de prevención para todo el territorio provincial, cuyo eje será el mejoramiento de la calidad de empleo y la promoción de trabajo más seguro. Para ellos, se estableció un plan de fiscalización que incluye visitas e inspecciones a los establecimientos a fin de detectar situaciones irregulares, tales como trabajo no registrado, trabajo infantil o aquellas en las cuales se incumpla con la normativa vigente en seguridad laboral.
Morón remarcó el desafío de generar condiciones seguras y saludables para esta nueva época laboral y explicó que solo se puede lograr a través del diálogo y el consenso con los distintos actores del sistema. Agregó además que “estos convenios generan herramientas que ayudan a mejorar los ámbitos laborales en beneficio de la seguridad y la salud de los trabajadores”.
Misiones se encuentra en pleno proceso debate sobre la adhesión a la Ley Complementaria de Riesgos del Trabajo N° 27.348, que ya rige en 11 estados provinciales. La implementación en las provincias de Córdoba o Mendoza y la Ciudad de Buenos Aires hizo que se redujeran los índices de litigiosidad laboral por accidentes de trabajo. También demostró que 9 de cada 10 casos, en promedio, que pasan por las comisiones médicas terminan en un acuerdo en sistema de homologación implementado por la SRT.
Cabe destacar que la semana pasada se desarrolló en esa provincia las jornadas sobre “Fundamento e impacto del nuevo Sistema de Riesgos del Trabajo” en las cuales se analizó el impacto que tuvo la nueva ley en la reducción de la litigiosidad laboral en los gobiernos que decidieron aplicar la normativa nacional para poner un freno a la industria del juicio.
