El gerente general de la SRT disertó en un panel donde también intervinieron Claudio Reyes, superintendente de Seguridad Social de Chile y Javier Pinilla, director del Instituto Nacional de Salud y Seguridad del Trabajo de España. Este panel fue organizado por la Fundación Internacional de Prevención de Riesgos Ocupacionales (ORP), institución independiente sin fines de lucro que promueve la mejora continua de las condiciones laborales y la innovación en las empresas, en el marco del XX Congreso Internacional “La paradoja de la prevención predictiva”.
Consultado sobre las políticas públicas desplegadas por Argentina, Domínguez destacó la implementación del programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) y del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), la normativa que determinó la emergencia sanitaria, el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) y las actividades esenciales y exceptuadas y ubicó a la SRT como el organismo técnico responsable de definir y supervisar los protocolos en ramas productivas y de servicios. “Estos protocolos –subrayó- fueron elaborados mediante un diálogo social amplio tripartito con cámaras empresarias, asociaciones gremiales y un estado presente con todos sus organismos involucrados, cuidando a las personas y a sus familias, concientizando a los trabajadores.”
Sobre los sectores afectados y su cobertura destacó que el gobierno argentino “definió al COVID como enfermedad profesional no listada mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 367/20, para que los trabajadores esenciales estuvieran cubiertos por la ley de riesgos del trabajo, particularmente para el área de salud y sus actividades conexas, al igual que en Colombia que produjo algo parecido para todas las actividades esenciales“.
En cuanto a las cifras de afectados que se manejan en nuestro país, Domínguez precisó que “hoy el sistema de riesgos del trabajo tiene registrados casi 10 millones de trabajadores y trabajadoras, con una cantidad de contagios reportados por el sistema de riesgos -hasta la fecha- de aproximadamente más de 90 mil. Esto ha generado costos para el sistema de unos 70 millones de dólares a la fecha para el pago salarios caídos y prestaciones médicas”.
Durante el cierre de su alocución y coincidiendo con Javier Pinilla en que ésta no va a ser la última crisis epidemiológica y debe servir para llegar mejor preparados a la próxima, el gerente general destacó el esfuerzo conjunto del gobierno, el sector privado y la sociedad toda y citó al Papa Francisco al decir que “no podemos seguir cada uno por nuestra cuenta, sino sólo juntos”.
