La Sala II de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal dispuso un resarcimiento de $25.000 al comprador de un vehículo con los números de chasis y motor adulterados. El fallo atribuyó responsabilidad al Registro del Automotor y al perito verificador de la policía por cuyo dictamen se emitió el certificado policial del vehículo, tal como señala una nota de Diario Judicial.
La sentencia de Primera Instancia consideró que una sentencia judicial no regularizaría la situación que lleva ínsita la comisión de un delito pero sí podía hacerlo el reclamo indemnizatorio por daños y perjuicios.
En cambio, la sentencia de grado razonó que solo el incumplimiento de la prestación a cargo del perito verificador demandado fue la causa del hecho que perjudicó al actor, lo que generaba el deber de reparar a la actora.
Por su parte, los jueces Graciela Medina y Ricardo Recondo rechazaron las apelaciones de las codemandadas, por la atribución de responsabilidad, y de la actora, por el monto de la condena.
Ambos, citaron que en la causa penal originada por el hecho «se detectó que el auto adquirido poseía las numeraciones del motor y del chasis adulteradas, que el trámite de verificación fue realizado por una persona distinta a la que figura en la solicitud y que la verdadera titular registral no suscribió ninguna documentación vinculada con la operación de compraventa, pese a que (…) el registro había realizado la verificación física correspondiente sin haber detectado ninguna de dichas observaciones».
Por último, concluyeron que «los padecimientos que aquí invoca el actor encuentran como causa excluyente el obrar negligente del verificador policial y la consecuente responsabilidad del Estado Nacional en su carácter de principal empleador, al expedir el certificado policial sin haber detectado las observaciones detalladas», tal como revela Diario Judicial en una publicación
