ENTREVISTA 100% SEGURO.- Abogados, “punteros”, falsos testigos, peritos, todos implicados en un hecho histórico no por lo sucedido en sí – que es frecuente en el sector, lamentablemente -; sino por cómo se encaró desde el mercado para combatir un flagelo que le hace tanto mal al seguro, como es el fraude.
Es así como esta semana, los medios periodísticos nacionales daban cuenta de la caída de una banda de “caranchos”, una estructura profesional y organizada para realizar fraudes ante las compañías de seguros simulando accidentes de tránsito, incrementando los niveles de incapacidad e incluso denunciando un mismo “siniestro” una, dos, tres y hasta cuatro veces en diferentes aseguradoras.
La investigación comenzó a finales del año 2018 luego de una denuncia conjunta que realizaron cuatro compañías de seguros: Mercantil Andina, Sancor Seguros, Sura y La Caja.
Luego de una gran investigación realizada por la Unidad de Coordinación para Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Fiscalía General del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, a cargo de los fiscales Sebastián Scalera y Pablo Rossi; y, de operativos que involucraron a diferentes fuerzas de seguridad (26 allanamientos en total de la mano de la Superintendencia de Delitos Informáticos Complejos de la Policía de la Ciudad, Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional y la Policía Bonaerense), el saldo es de 13 personas detenidas hasta el momento.
En diálogo con 100% SEGURO, Nicolás D’Albora, el abogado penalista que representa a las compañías de seguros, fue contundente.
“Este caso es inédito en la historia del fraude en nuestro país, por un lado porque por primera vez se dejó a un lado la lógica de analizar el fraude de manera individual, es decir, en un caso concreto que perjudica a una sola compañía de seguros, privilegiando la lucha contra la matriz de organizaciones criminales dedicadas a realizar fraudes contra aseguradoras; y, por el otro, porque compañías que compiten comercialmente en el sector se unieron para compartir información – se cruzaron datos de actores, demandados y testigos – y encarar esta denuncia”, destacó D’Albora.
Y resaltó que “el mercado asegurador debería tomar este caso como un punto de partida”, destacando además la labor de las gerencias de legales y de prevención de fraude de las compañías a lo largo de este recorrido.
Muchas otras compañías se han acercado al estudio para aportar su información, cruzar datos con sus propios siniestros o bien generar nuevas investigaciones sobre otros casos similares.
En este sentido, el abogado explica que no es lo mismo encarar estas denuncias de manera individual que colectiva, toda vez que de manera individual el delito tiene una escala penal con un máximo de 6 años y un mínimo de 6 meses, generalmente excarcelable, pero al estar hablando de una asociación ilícita la escala penal es mucho más alta y no es excarcelable.
Según surge del expediente, la información que ha circulado por los medios sería la punta de un iceberg, debido a que si bien se mencionan a dos estudios jurídicos involucrados en la causa, se habría extendido a muchos estudios más.
“El hecho de que haya salido a la luz este caso le va a permitir a las compañías de seguros presentarse en las demandas civiles para poner en evidencia la sospecha de fraude de aquellos casos en que así se haya manifestado”, indicó el letrado.
Además, este caso tiene un impacto preventivo, debido a que manda un claro mensaje a este tipo de organizaciones de que la lógica con la cual venían actuando ya no va más.
La magnitud del caso, desde lo económico también es de relevancia, ya que según nos cuenta el abogado, contemplando una reserva promedio de $1.000.000 por caso y con un total de 300 casos entre los dos estudios jurídicos allanados, suman unos $300 millones entre ambos, pero se estima que en la causa podrían estar investigados unos siete estudios, por lo que no sería descabellado pensar que sólo en este expediente el perjuicio económico por el fraude a las compañías de seguro superaría los $1.000 millones.
Una de las cuatro compañías representadas por D’Albora ya ha manifestado su intención de presentarse como damnificada, y seguramente suceda lo propio con las restantes.
“Será importante el accionar del mercado en su conjunto, debiendo pensar más en el sector en su conjunto que en el impacto económico en una compañía en particular”, agregó, reconociendo que se han presentado ya ante el estudio otras aseguradoras afectadas por la misma organización delictiva para sumarse a esta acción colectiva.
Es una gran oportunidad entonces para que, a partir de casos tan rutilantes como el comentado y, por sobre todas las cosas, a partir de este gran ejemplo que representa el trabajo colaborativo entre compañías para compartir información y combatir este tipo de organizaciones delictivas, el mercado como tal aborde el tema con la fortaleza de su conjunto.
Incluso, actualmente, la Superintendencia de Seguros ha puesto sobre la Mesa de Innovación este tema como uno de sus ejes centrales. La base está, es el momento de seguir avanzando, todos unidos, en una lucha contra el fraude en seguros que promete ser dura y dinámica.
