Un estudio reciente de Global NCAP, relevó que unas 40 mil vidas de ocupantes de vehículos pueden ser salvadas y 400 mil lesionados graves pueden evitarse en el 2030 en América Latina si se adoptan las regulaciones básicas de seguridad vehicular propuestas por la ONU para la región, según publica Clarín.
Esta investigación tomó las principales normas de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) que se deben cumplir por seguridad en un vehículo y exhibe una realidad: en nuestro país el Estado no cumple con las certificaciones. Esas normas de la ONU consideradas para este trabajo son las siguientes: cinturones de seguridad y anclajes, protección para ocupantes en impacto frontal y protección para ocupantes en impacto lateral.
En América Latina, el estudio demostró que hay modelos que van deteriorando su calidad constructiva a medida que pasan los años en producción, en desmedro de la seguridad, mientras que los gobiernos no lo pudieron detectar a pesar de los controles que claman tener», afirmó Alejandro Furas, Secretario General de Latin NCAP y Director Técnico de Global NCAP.
Según datos del informe, entre 2016-2030 habrá unas 25.560 muertes de ocupantes de autos sólo en la Argentina. Y en caso de hacerlo, afirma el relevamiento, se podrían evitar 2.914 víctimas fatales en ese período, que serían 194 menos por año y 16 menos por mes.
Efectivamente los vehículos en nuestro país cumplen con mucha normativas para su homologación y hay otras tantas aplicadas hace tiempo en otros países que no son exigidas localmente», dijo Gustavo de Carvalho, gerente técnico de CESVI Argentina apunta hacia el mismo lado.
El atraso tecnológico respecto de Europa, de acuerdo a la investigación es notorio. En el ítem que medía en qué año se encontraba en 2015 el parque automotor de cada país comparado con los avances de la Unión Europea, confirma que Argentina tiene un retraso de 13 años.
Este año, la ONU pidió a sus países miembros que cumplan con las 77 normas de seguridad. En Europa lo hacen en su totalidad, en Argentina, no se certifica ninguna, más allá de que haya regulaciones locales para los mismos ítems de seguridad.
Por supuesto que es factible fabricar e importar vehículos que cumplan con esas normas. El problema radica en la sistemática negativa de la industria automotriz que esgrime argumentos técnicamente débiles y muchas veces con un alto contenido extorsivo hacia los gobiernos de cada país de la región», dijo Fabián Pons, Presidente de OVILAM y agregó: «Queda claro que es imposible ir para atrás, pero sí es factible implementar medidas rápidas que atiendan al ritmo de las necesidades de seguridad vial de nuestros países y no al ritmo cansino que quiere imponer, e impone, la industria automotriz de la región con la anuencia de los gobiernos de turno».
