DECISIÓN ADMINISTRATIVA JGM 750/2023.-
La Inteligencia Artificial representa uno de los cambios socio-tecnológicos más relevantes del siglo XXI debido tanto al potencial que traen aparejadas para la transformación de la producción y del trabajo, así como a las profundas consideraciones éticas que plantea su implementación.
Así lo consideran tanto desde el sector privado como del sector público. Y el gobierno tomó nota de ello, por lo que a través de la Jefatura de Gabinete y bajo su órbita, creó la denominada » la Mesa Interministerial sobre Inteligencia Artificial». Se trata de un ámbito transversal para abordar el avance y aplicación de la Inteligencia Artificial en diversos sectores de la economía y de la sociedad, de conformidad con un marco ético, de desarrollo sostenible y de transformación digital, y con la finalidad de diseñar una estrategia integral al respecto para ser aplicada por el Poder Ejecutivo Nacional.
Según se establece en la presente norma, publicada días atrás en el Boletín Oficial, esta Mesa Interministerial será presidida por la Jefatura de Gabinete de Ministros y será coordinada por esta conjuntamente con la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nación. A su vez, estará integrada diferentes reparticiones del Estado, tales como el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Economía, Cancillería, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Seguridad, y el Ministerio de Trabajo.
A su vez, podrán invitar a participar de la Mesa Interministerial a otras jurisdicciones, entidades públicas y/o privadas, y quedan facultadas para aceptar las propuestas que presente cualquier entidad especializada en la materia, o que tuviere algún interés en ella.
Las autoridades tildan como «oportuno» instituir un espacio de diálogo y análisis en el que se examine el impacto que la Inteligencia Artificial puede generar sobre la realidad socio-económica de nuestro país, «considerando no solo las ventajas de su incorporación en la actividad privada o en la gestión de las políticas públicas, sino también los nuevos riesgos o consecuencias negativas para personas concretas o para la sociedad en su conjunto».
«Disponer de diagnósticos más precisos y avanzar en la elaboración de los marcos regulatorios necesarios para minimizar los impactos no deseados de la Inteligencia Artificial -ponderando a tal fin la experiencia que registran otros países- constituye una prioridad a la hora de garantizar que la tecnología aludida, adecuadamente abordada, abra nuevas oportunidades al desarrollo nacional», aseguran.
