El Gobierno está buscando el aval empresario y gremial para enviar durante el presente mes de septiembre al Congreso su propuesta de reforma del Sistema de Riesgos del Trabajo.
Así lo señala una nota de El Cronista, según la cual la iniciativa gubernamental incorpora como elemento central que las comisiones médicas jurisdiccionales, encargadas de determinar grados de incapacidad, prestaciones e indemnizaciones por accidentes o enfermedades vinculadas al trabajo, constituirán una instancia única y obligatoria previa al inicio de cualquier acción judicial, según establece el último borrador del proyecto.
[box type=»note»]La intención oficial es que las resoluciones de las comisiones médicas tengan carácter de «cosa juzgada» en forma similar a lo que ocurre con los acuerdos entre empleadores y trabajadores homologados por el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (Seclo) del Ministerio de Trabajo, cuyo contenido suele ser irreversible en otro procedimiento judicial posterior.[/box]Por ello, el Gobierno viene avanzando en rondas de encuentros con gremios y empresarios para consensuar los aspectos centrales del proyecto que impulsa en la apuesta de frenar la creciente «industria del juicio» en el sector.
[box type=»note»]Vale advertir que el mes de agosto se registró un incremento interanual del 22% en las demandas judiciales contra el sistema, situación que se traduce en la suba de los seguros y el costo laboral de las empresas. Se estima así que la litigiosidad contra el régimen de ART supone un costo laboral de alrededor de u$s 5000 millones, con un stock de casi 400.000 juicios acumulados.[/box]Como novedad, este proyecto impulsa la creación del denominado «autoaseguro público provincial» destinado a que las provincias y sus municipios puedan autoasegurar los riesgos del trabajo correspondientes al personal enmarcado en los regímenes de empleo público de esas jurisdicciones. Además, se dio marcha atrás con la intención de que sea el fuero federal de la seguridad social y no el fuero laboral, el ámbito jurisdiccional en el que deban dirimirse las controversias vinculadas al sistema, tal como surge de la publicación de El Cronista.
Por su parte, la CGT aseguró que “no avalará ninguna propuesta que no incorpore un capítulo especial sobre «prevención» de accidentes”. En tanto que empresas y las aseguradoras nucleadas en la UART reclaman avanzar en la implementación de procedimientos sustentables y efectivos para contener la ola de juicios.
