El 30 de junio el Comité Consultivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial en sesión Plenaria se reunió para tratar el estado de la seguridad vial en nuestro país, concluyendo que existe la necesidad de declarar la emergencia vial en el país y resolviendo elevar tal recomendación a la ANSV, tal como señala el Boletín Informativo de AAPAS.
Una primera lectura de los datos colectados por el Observatorio da cuenta de las dificultades que se advierten para reunir la información, poniendo de relieve las fricciones existentes entre Nación y Provincias, que se traducen en la dificultad de desarrollar un diagnóstico más preciso sobre el estado de la seguridad vial en nuestro el país, y que impiden determinar, por ejemplo, las causas de los siniestros, todo lo cual convierte los datos y estadísticas presentados en una fotografía borrosa de la realidad que poco aporta a la posibilidad de tomar decisiones correctivas.
En los casi diez años de funcionamiento de la Agencia Nacional de Seguridad Vial se registraron avances.
Se avanzó en la adhesión a la Ley 26.363 y en la implantación de la Licencia Nacional de Conducir, aunque todavía no se encuentran garantizados los procesos de expedición de la misma.
La industria automotriz avanzó en la incorporación de sistemas de seguridad activa y pasiva en los vehículos, tales como el quinto cinturón y los apoyacabezas para todos los ocupantes, los frenos ABS, los airbags, la alarma de cinturón de seguridad no colocado, los limitadores de velocidad en el transporte de pasajeros, la alarma de retroceso de los vehículos de transporte de carga y los sistemas de control de estabilidad a partir del año próximo, entre otros adelantos tecnológicos.
También sufrimos retrocesos. Los estudios observacionales desarrollados por el Observatorio demuestran que hemos fracasado en la concientización.
Prueba de ello es la baja utilización del casco, que coloca a la Argentina con un 65% detrás de Chile (99%), Costa Rica (94%), Colombia (91%), Cuba (90%), Uruguay (85%), Ecuador (84%) y Brasil (81%).
Lo mismo ocurre con el uso del cinturón de seguridad, posicionando a nuestro país con un 50% por detrás de los Estados Unidos (89%), Chile (82%), Colombia y Ecuador (75%), Uruguay (62%), Perú (58%) y El Salvador (55%), precediendo a Paraguay (30%) y Bolivia (21%).
El rol del Estado es determinante. En estos últimos diez años hemos sido testigos de un proceder errático del área de la comunicación oficial, alternándose campañas en la vía pública y en los medios masivos de comunicación, con períodos de escasa difusión, para terminar focalizando la concientización en las redes sociales. A todas luces una comunicación insuficiente para instalar el problema en la sociedad.
También hemos fracasado en el control, advirtiéndose las dificultades que plantea la cooperación entre Nación, Provincia y Municipio. La capacitación del personal de fiscalización se orienta hacia el labrado de actas de infracción colocando en un segundo plano a la prevención.
Los sistemas automáticos de control de velocidad se encuentran cuestionados aún por el propio Estado cuando sugiere a los ciudadanos que chequeen si los equipos están homologados o publica modelos de descargo, contribuyendo a la idea generalizada de que el control es una “caja recaudadora”.
El control de alcoholemia se inscribe como una cuenta más del rosario de fracasos, a punto tal que ni siquiera está garantizada la muestra de alcohol en sangre a los conductores participantes de siniestros con víctimas fatales o lesionados.
Como puede observarse, no hemos obtenido resultados favorables sobre ninguno de los cuatro puntales en los que se basaron las campañas de concientización de la ANSV, es decir, utilización del casco, uso del cinturón de seguridad, velocidades máximas y alcoholemia.
Otro síntoma del fracaso es el estado deficiente de nuestras rutas, que influyen cada vez más en la ocurrencia de los siniestros. Lejos de ser indulgentes, las rutas argentinas castigan el error.
Todo esto nos lleva a nuestro mayor fracaso, no pudimos reducir la siniestralidad vial. La cifra provisoria de víctimas fatales que presentó el Observatorio Vial demuestra que las políticas implementadas no fueron suficientes, dejando trunco el objetivo primordial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
En la vereda de enfrente de los fracasos indicados se inscribe el compromiso y el trabajo desarrollado por las organizaciones de familiares de las víctimas de siniestros viales. En esa lucha se inscriben las políticas más sobresalientes en esta materia. La creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial es producto de la misma.
También, la reciente modificación del Código Penal que permitió la aplicación de una pena de prisión en suspenso no habiendo personas fallecidas; La ley de defensa de las víctimas de delitos; el giro paulatino de la jurisprudencia hacia la aplicación de penas más severas.
No obstante, advertimos un acuerdo básico entre el Estado y la ciudadanía. Ambos coinciden en que no se logró bajar la siniestralidad vial. Ambos concuerdan en que las políticas desarrolladas hasta hoy no fueron eficaces para lograrlo.
En ese contexto, el Comité Consultivo como órgano asesor de la Agencia Nacional de Seguridad Vial no puede dejar de señalar que estamos frente a una situación extraordinaria que requiere medidas extraordinarias.
La Constitución Nacional prevé el dictado de Decretos de Necesidad y Urgencia para afrontar situaciones de emergencia, con base en los siguientes presupuestos: debe tratarse de una situación extraordinaria que amerite el dictado de medidas extraordinarias durante un período determinado, quedando sujeto a la ratificación parlamentaria.
Entendemos que el estado de la seguridad vial en la República Argentina se encuentra en una situación de emergencia que meritúa la adopción de medidas extraordinarias en miras a reducir la siniestralidad con su secuela de muertes y discapacidad.
Por las razones expuestas, y en uso de las facultades asignadas por la Ley N° 26.363 y el Reglamento de Funcionamiento aprobado por la Disposición ANSV N° 36/09, el Comité Consultivo
RECOMIENDA:
- Declarar la EMERGENCIA VIAL en todo el territorio nacional.
- Convocar a todo el arco político para establecer puntos de acuerdo que deberán trabajarse como Políticas de Estado.
- Elaborar en el término de treinta (30) días un Plan Estratégico destinado a reducir la siniestralidad vial con la participación de la sociedad civil.
