Este lunes, el sistema de riesgos del Trabajo cumplió 23 años de existencia. Durante estas dos décadas se ha convertido en uno de los instrumentos necesario para mejorar las condiciones del trabajo y una herramienta para ampliar la capacidad de la economía con el objetivo de generar empleos decentes y de calidad.
Cuando en 1996 se puso en vigencia la Ley sobre Riesgos del Trabajo, se asistió a un quiebre en el campo de las relaciones laborales, pues se integró la cobertura de los accidentes laborales al campo de la seguridad social.
En las dos últimas décadas, el sistema de riesgos del trabajo experimentó altibajos que lo pusieron al borde del colapso, con un crecimiento geométrico de la litigiosidad, que le quitó certeza y previsibilidad.
Para revertir esta situación, hizo falta poner en marcha un plan integral que le devolviera a los trabajadores y a los empleadores la confianza en un sistema sustentable en el tiempo, capaz de crecer y ayudar a generar empleo genuino, seguro y saludable. Hizo falta, además, el consenso de todos los sectores que forman parte del sistema: los empresarios, los sindicatos, las ART y, por supuesto, el Estado.
De esa voluntad, surgió la Ley Complementaria de Riesgos del Trabajo N° 27.348, un instrumento jurídico que tuvo el enorme desafío de ordenar el sistema. El primer cambio que se introdujo fue la obligatoriedad de la intervención de las Comisiones Médicas como instancia previa, excluyente y obligatoria antes de cualquier acción judicial. La ley demostró que las comisiones médicas son infinitamente más beneficiosas para los trabajadores. Nueve de cada 10 casos que pasaron por las comisiones médicas terminaron en un acuerdo, en un promedio de 35 días.
Otra decisión determinante fue la descentralización de las comisiones médicas. Esta práctica permitió resolver las demandas en el mismo lugar donde trabaja o vive un trabajador que se accidenta. A partir de esta política creció un 75% el número de comisiones médicas abiertas en el país. A diciembre del 2015 había 35 actualmente son 61. Con estas aperturas se garantiza que los ciudadanos que se accidenten tengan un servicio de atención médica a menos de 50km de su domicilio o lugar de trabajo.
Y, por supuesto, fue determinante la adhesión a la ley por parte de los gobiernos provinciales para desalentar la “industria del juicio”. Actualmente, 15 provincias adhirieron a los cambios que propuso la Ley 27.348. Entre ellas se encuentran cuatro de las cinco provincias que concentran más del 85% de las demandas del país.
En el período 2017-2018, es decir desde la aplicación de la Ley, la litigiosidad laboral bajó 40%. Se redujo la alícuota que pagan los empresarios para asegurar a sus trabajadores. En marzo de este año de 2,78%, promedio en el país. Representa una caída de 21% con respecto a principios del 2016 y un ahorro estimado para las empresas de $32 mil millones.
También llegó el tiempo de hablar de lo importante, es decir, de la prevención, que es el corazón del sistema. En 2018, la siniestralidad laboral descendió un 6%. Se logró por acuerdos/convenios con los 24 gobiernos provinciales para poner en práctica programas de prevención y de seguridad en los ambientes de trabajo.
Y, además, por primera vez y con el acuerdo unánime de todos los actores del sistema, sindicatos, empresarios y las ART, con el acompañamiento activo de la OIT, se logró redactar un anteproyecto de Ley de Prevención Laboral y su futura reglamentación.
Se mejoró la competencia en el mercado de las ART. Se instrumentaron herramientas que le dieron eficiencia y transparencia al mercado, además de simplificar los trámites. Se aplicaron instrumentos tecnológicos que mejoraron la competitividad: Póliza Digital, Consulta de Alícuota, Publicación de Contrato; Solicitud Electrónica de Cotización, Consulta Electrónica de Oferente, Certificación de no Objeción para Traspaso.
En estos 23 años mucho se hizo en materia laboral, pero aún resta hacer más para mejorar la calidad de vida de los trabajadores argentinos. En definitiva, el sistema de riesgos del trabajo ha dado nuevos pasos para garantizar que esos cambios aporten resultados positivos y alcancen a todas las personas
