Tras la compra realizada en noviembre del año pasado a Generali Argentina (ver nota), tras lo cual se constituyó Providencia Seguros (ver nota), Cristóbal López puso en venta a la aseguradora, a partir de los problemas financieros, impositivos y legales que atraviesa su grupo económico.
La decisión tomada por el empresario del Grupo Indalo es porque pretende “desprenderse de los pocos activos que han quedado fuera del alcance de la Justicia, los cuales le impidió hacer movimientos en gran parte de sus sociedades hasta que resuelva su problema impositivo”, tal como señala una nota del diario La Nación.
En este contexto, López empezó a analizar a posibles compradores para la aseguradora, por la que en noviembre pasado habría pagado cerca de US$ 15 millones, según estimaciones que se manejan en la industria.
Con Providencia Seguros, el Grupo Indalo pretendía formar un grupo financiero junto con el Banco Finansur, (también de su propiedad), pero tras la denuncia de la AFIP decidió poner en venta las dos empresas.
[box type=»note»]Según datos oficiales de la SSN, la aseguradora tenía activos por $731,2 millones, un patrimonio neto de $133,9 millones y un resultado acumulado positivo en el período de $ 8 millones a diciembre/2015.[/box]Esta venta no sería tan fácil si consideramos la situación judicial del grupo. El 2 de mayo, la Inspección General de Justicia hizo presentaciones ante la AFIP y los dos juzgados que llevan adelante la causa de López para informarles sobre la reciente adquisición de Generali por parte del Grupo Indalo. La aseguradora aún no figura en la página web del grupo en el listado de empresas que integran el holding, tal como afirman fuentes que siguen el proceso judicial de la empresa.
Además, la AFIP solicitó una medida cautelar en reclamo de los $ 7665,7 millones que López adeudaría al organismo tributario por no pagar el impuesto a la transferencia de combustibles (ITC). El juez federal en lo Contencioso Administrativo Esteban Furnari accedió al pedido de la agencia de recaudación y obligó al empresario patagónico a dar marcha atrás con la escisión de su grupo empresario, que había anunciado pocos días antes, de acuerdo a una nota de La Nación.
Lo cierto es que Cristóbal López debe casi $8000 millones a la AFIP y para pagar esa deuda se estaría desvinculando de los pocos activos que han quedado fuera del alcance de la Justicia, tal como remarcamos al comienzo de la nota.
