Durante el último siglo, la provincia de Córdoba perdió más del 95% de sus bosques nativos. En 1916 había cerca de 12 millones de hectáreas en la Provincia. En 2016 ha quedado un remanente de apenas 500.000 hectáreas. Esta situación crítica vive en estos días un momento clave para su futuro debido a que la legislatura provincial se encuentra discutiendo un proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos que podría reducir las áreas protegidas hoy contempladas, poniendo en peligro aquellos bosques remanentes que hoy conservamos. Frente a esta situación, la Fundación Vida Silvestre Argentina realizó una revisión crítica de este proyecto de Ley que estará presentando ante la legislatura provincial.
Entre otras cosas, lo que estamos solicitando es que no se avance en la sanción de una nueva Ley de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos hasta tanto no se cuente con un nuevo Mapa de Ordenamiento, surgido del proceso técnico participativo necesario para el análisis objetivo de los 11 Criterios de sustentabilidad ambiental para el ordenamiento territorial de los bosques nativos, claramente definidos en la Ley 26.331, la conocida Ley de Bosques«, explica Manuel Jaramillo, director de Conservación de la Fundación Vida Silvestre Argentina.
Desde Vida Silvestre explican que este nuevo mapa debe respetar los principios de progresividad y de sustentabilidad emanados de la Ley General del Ambiente. Esto implica que no podrá realizarse re-categorizaciones que impliquen pasar de una categoría I (de mayor nivel de conservación) hacia categorías II o III (de menor nivel de conservación). Este tipo de cambios también se encuentran limitados por el art. 9 del Decreto 91/09″.
El planteo de Vida Silvestre es claro: «No podemos pensar en un nuevo mapa de ordenamiento territorial que disminuya la protección de los remanentes de bosques nativos. Debe aumentarla. Esto sería una violación de la Ley de Bosques y comprometería seriamente los pocos bosques nativos que nos quedan en la provincia». En este sentido desde Vida Silvestre se ofrecen a participar activamente en el proceso que, según demanda la Ley de Bosques, deberá ser conducido para el desarrollo del nuevo mapa de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos que deberá acompañar la nueva ley de Provincial.
La situación de los bosques en la Argentina es crítica. Si bien la sanción de la Ley de Bosques fue un gran paso para proteger a este ecosistema, su correcta implementación es una cuenta pendiente, dado que apenas se le asignó a la conservación de los bosques nativos el 8,5% de lo estipulado por ley: recibieron entre 2010 y 2015 1.239 millones de pesos (según el «Informe de estado de implementación 2010 – 2015» del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación –MAyDS–) en vez de los 14.750 millones que le correspondían.
La Ley de Bosques no hay dudas de que es un paso adelante, pero su implementación todavía es, claramente, una deuda pendiente. El caso de Córdoba no es una excepción en este sentido. Desde su sanción a fines de 2007 se estima que se desmontaron 5.578 hectáreas de bosques que se encontraban protegidos por la normativa«, explica Marina Harteneck, presidenta de Vida Silvestre.
Entre otras observaciones al Proyecto de Ley, Vida Silvestre, recomienda
- Sobre la Autoridad de Aplicación: para poder llevar una adecuada gestión territorial, seria pertinente que se centre en instituciones con capacidad técnica y operativa en terreno y considera que el Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la provincia, a través de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático con apoyo logístico de la Policía Ambiental y científico del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia, debería seguir siendo la Autoridad de Aplicación.
- Que resulta provechoso compensar económicamente a los propietarios de bosques Nativos contra cumplimiento de los Planes de conservación y manejo sustentable. En este sentido, recomienda que, para asegurar la eficiencia y transparencia del uso de estos fondos públicos es sumamente necesario que se definan y evalúen indicadores claros y objetivos del cumplimiento de esos planes.
- La necesidad de que se mantengan las sanciones previstas en la legislación vigente.
- La obligatoriedad de restaurar el área convertida o degradada ilegalmente. Este item debe quedar claramente reflejado en la nueva ley provincial.
