La Argentina llega a la próxima COP22 de Marruecos con una primera revisión de su Contribución Nacionalmente Determinada (NDC) presentada en París. Este proceso posiciona al país como uno de los primeros en proceder a una revisión de sus compromisos frente al cambio climático, lo que demuestra un interés por mejorar la propuesta original y acercarse más a las responsabilidades de un estado posicionado en el puesto 21 de los grandes emisores del mundo, con emisiones per cápita mayores a las de algunos países europeos, miembro del G20, y con una economía de renta media muy superior a la de muchos países del mundo en desarrollo.
El 7 de noviembre, la Argentina cuenta con una contribución revisada, validada e incorporada a la política pública. No obstante, la propuesta dista de ser ambiciosa, ya que no supera el compromiso asumido en París en 2015 de reducir sólo un 15% de las emisiones de CO2 a 2030.
Desde Vida Silvestre preocupa que el compromiso climático a 2030 considere a la energía nuclear y a las grandes hidroeléctricas, pudiendo esta última aumentar la generación de emisiones de gran impacto para el ambiente, así como el incremento de biocombustibles basados en cultivos, con una baja eficiencia de aporte de energía, que compiten con la producción de alimentos y promueven el corrimiento de la frontera agrícola. Por el contrario, el país tiene la oportunidad de explotar alternativas energéticas de gran potencial compatibles con el cuidado del ambiente.
Sólo cumpliendo la ley Nº 27191 de Energías Renovables que estipula un 20% de fuentes renovables en la matriz energética para 2025, la Argentina superaría el compromiso asumido en París de conseguir el 12% a 2030 y un 8% adicional con apoyo internacional. A su vez, profundizando políticas de eficiencia energética (uno de los “yacimientos” menos desarrollados en el país) a través, por ejemplo, de sistemas de etiquetado en equipos eléctricos y de gas, está comprobado que se evitaría generar 6.000 MW, equivalentes a dos represas hidroeléctricas similares a Yacyretá y un ahorro en costos de capital de U$S 31.000 millones a 2030.
Con respecto al uso de la tierra, la propuesta argentina tiene pendiente desarrollar con mayor rigurosidad su compromiso en este sector que representa la mitad de su matriz de emisiones por las altas tasas de deforestación (Desde 1990 se perdieron 7,6 millones de hectáreas de bosques nativos, el equivalente a la provincia de Formosa). La asignación efectiva de los fondos estipulados por la Ley de Bosques Nº 26.331′ junto con la promoción de modelos agrícolas, ganaderos y forestales como la iniciativa de Manejo de Bosque con Ganadería Integrada (MBGI) del Ministerio de Agroindustria y la dirección de bosques permitiría un incremento en la fijación de carbono en bosques y suelo junto con la conservación de la biodiversidad y los ciclos de agua.
En la COP22 se espera que los países impulsen iniciativas concretas contra el calentamiento global, como ser proyectos de adaptación al cambio climático, y refuercen sus ambiciones al 2018 para mantener el calentamiento por debajo de 1,5°C y evitar así los peores impactos del cambio climático. En este campo las medidas propuestas por la Argentina son muy genéricas y llama la atención la ausencia total de acciones para proteger los océanos, principales reguladores del clima mundial, en un país con más de 5.000 km de costa y aproximadamente 4.800.000km2 de mar argentino y océanos, de donde se obtienen recursos que se traducen en millones de dólares en inversiones y fuentes de trabajo.
