Este jueves 27/7, se llevó finalmente a cabo la reunión entre FAPASA y la Superintendencia de Seguros de la Nación, en la sede del organismo que conduce el Dr. Juan Pazo.
El Superintendente, junto a un grupo de colaboradores, mantuvieron el encuentro con Jorge Zottos (Presidente), Manuel Lamas y los Dres. Eduardo Toribio y Carlos Fernández Blanco (asesores institucionales).
Tal como anticipamos, la medida no tendrá marcha atrás, siendo la misma parte de una Política de Estado que va más allá del sector asegurador.
Desde FAPASA, emitieron un comunicado donde se mostraron en desacuerdo con las implicancias de la misma, con la poca flexibilidad de la SSN para modificar la Resolución, y para que se tenga en cuenta la propuesta formal
A continuación, la posición de la Federación tras el cónclave de este jueves, donde adelantan acciones administrativas (ver recurso presentado ante el PEN), legales y políticas:
[box type=»note»]“Desde el punto de vista formal, el encuentro no tuvo el mínimo standard de organización que una reunión de esta naturaleza requiere. Desde el punto de vista del contenido, el Superintendente de Seguros de la Nación, Dr. Juan Pazo, volvió a manifestar que la Resolución 40541 era irreversible porque forma parte de una política de estado.
El funcionario, lamentablemente, no mostró ninguna disposición al diálogo y no escuchó los argumentos de sus interlocutores. Ante el escenario planteado que no permitía, bajo ningún concepto, debatir el fondo de una Resolución discriminatoria y ofensiva para los productores, FAPASA expresó nuevamente su rechazo y subrayó que no tenía sentido analizar aspectos técnicos sino no existía, de parte del organismo de control, interés en abordar el corazón del problema.
Ante la falta de materia sobre la cual conversar, las partes intervinientes dieron por finalizada la reunión.
FAPASA hace saber a los colegas que -tal como lo ha dicho siempre- hará uso de todos los recursos administrativos, legales y políticos que sirvan a resolver esta situación injusta que atenta contra los legítimos derechos de los productores».
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