A menos de tres semanas para las PASO, las medidas oficializadas en la madrugada de este lunes 24 de julio, a través del Decreto 377/2023 (ver norma), tuvo un impacto demoledor en los principales índices económicos, con un dólar «blue» que superó la barrera de los $550 y un impacto casi inmediato en precios para gran parte de los bienes y servicios.
La lucha contra la inflación, que había tenido una buena noticia al desacelerarse el último registro mensual, parece haber sido tan solo un espejismo. Y las consecuencias de la medida, cuestionada por todo el arco empresario, aún son difíciles de predecir, impactando en los principales sectores de la actividad económica.
Y tanto el seguro como el reaseguro no escapan a esa realidad, por el contrario. Vale advertir que el mencionado decreto generaliza el impuesto PAIS («Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria») al 25% para todos los servicios importados, salvo contadas excepciones: Fletes (se le aplica la alícuota del 7,5%), Salud y Educación (exentos), y Recitales (ya paga el 30%).
Este impuesto lo perciben los bancos al momento de que los importadores acceden al mercado de cambios. De hecho, ya viene sucediendo que desde el lunes, compañías que tienen SIRASE autorizado, -el Sistema de Importaciones y Pagos de Servicios al Exterior a través del cual se tramitan los permisos para importar-, fueron al banco y este les solicitó el pago del impuesto PAIS para el pago.
De esta manera, y dado el contexto de falta de divisas, ese impuesto PAIS se suma a la carga tributaria que ya pesa sobre todas las operaciones de reaseguros y los contratos de seguros en dólares. Y dado que la mayor parte de los contratos en pesos tienen el respaldo del reaseguro (Automotores, Agro, etc.), conllevaría a un aumento casi directo al costo del seguro, que se debería trasladar a la prima, es decir, a lo que paga el asegurado.
Un asegurado que -particularmente en Autos- ya viene soportando aumentos anualizados de tres cifras, en línea con la inflación. Y un mercado asegurador con costos siniestrales muy por arriba de los ajustes en precios, con tarifas insuficientes, refacturaciones mensuales y una competencia por precios para no perder cartera que devienen en un cóctel explosivo y un quebranto general del negocio asegurador (cercano a los $65 mil millones en «rojo», a marzo de este año).
Pero esos indicadores podrían erosionarse sustancialmente con las nuevas medidas. Sobre todo, porque la obligación del ingreso de pago a cuenta del Impuesto PAIS, recae sobre el importador en el momento de la oficialización del destino de la misma. Por lo que si se traslada esto a nuestro mercado, ese momento es cuándo se emite el contrato de seguros o contrato de reaseguro (sobre todo en los facultativos), dado que en esa instancia se estipula lo que se va a cobrar.
Ahora, una de las cuestiones más delicadas pasa por las pólizas vigentes previas al 24 de julio, fecha de entrada en vigencia del Decreto. Es decir, la retroactividad de la medida. Eso llevó a que los principales directivos de las cámaras empresarias del sector, que representan a aseguradoras y reaseguradoras, se movieran rápido y se reunieran esta semana con autoridades de la SSN, solicitando que los contratos con obligaciones ya tomadas hasta dicha fecha no se vean impactadas por el impuesto PAIS del 25%, independientemente de cuando finalice, tanto para seguros como reaseguros.
Esto tiene un correlato en los balances anuales presentados por los operadores al 30 de junio/23, que no deberían verse recargados con este nuevo tributo.
Otro tema planteado tiene que ver con que en las nuevas pólizas en dólares se discrimine el ítem correspondiente al nuevo impuesto PAIS del 25%, dado que no se prevén cambios en la cláusula de dólar oficial que hoy rigen estas operaciones.
Todo esto está previsto que se trate en lo que resta de esta semana y principios de la próxima, con funcionarios de la SSN, Finanzas y AFIP. Según estimaciones del mercado, hay al menos US$400 millones pendientes en contratos vigentes, por lo que reglamentar que la medida opere para las nuevas pólizas -y no sea retroactiva- parece ser clave, con un impacto directo a pérdida del sector que podría alcanzar los $30.000 millones.
Una situación que ya venía muy compleja y que, con esta novedad, se agudiza de una manera imprevista. Las negociaciones de estas horas serán vitales para determinar el alcance real de la medida.
