Esta semana se dieron a conocer las Contribuciones Previstas y Determinadas Nacionalmente (INDC por sus siglas en inglés), que la Argentina presentará en la próxima Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático en París. Estas metas plantean un piso del 15% de reducción de emisiones sobre un escenario proyectado al 2030, con un potencial de alcanzar un 30% condicionado al financiamiento internacional.
Vida Silvestre comparte la postura del gobierno nacional, así como la de muchos países en desarrollo, de señalar las responsabilidades compartidas pero diferenciadas, en cuanto a la solución de este problema, requiriendo apoyo técnico y financiero para asumir compromisos mayores de reducción de emisiones. A su vez rescata varias de las medidas proyectadas para abordar la reducción de emisiones asumida, muchas de las cuales Vida Silvestre viene proponiendo hace tiempo, como la promoción de la eficiencia energética a través de sistemas de etiquetados y estándares, particularmente en el sector eléctrico y del gas a través del reemplazo de los sistemas de encendido de calefones por sistemas eléctricos y eficientes para evitar el consumo pasivo de gas; la promoción de la cogeneración (generar energía eléctrica como subproducto de procesos industriales que requieren la producción de calor, como el caso de las calderas) y los motores eléctricos industriales eficientes, o la inversión en el fortalecimiento y recuperación de la red ferroviaria como medio de transporte de cargas.
No obstante, Vida Silvestre considera que una meta del 15% sobre las emisiones proyectadas al 2030, no demuestra un compromiso y una voluntad por encarar este problema a la escala que éste merece. Argentina cuenta con un potencial mucho mayor para lograr reducciones significativas a través de la inversión en políticas de eficiencia o energías renovables. Nuestra publicación “Escenarios Energéticos para la Argentina (2013-2030) con políticas de eficiencia” demuestra que si la Argentina implementara políticas de eficiencia energética en los cinco sectores principales de consumo (Eléctrico, Industrial, Transporte, Hábitat y Gas), se evitaría generar 6.000 MW, lo que equivale a dos represas hidroeléctricas similares a Yacyretá y un ahorro en costos de capital de U$S 31.000 millones a 2030. Esta afirmación cobra relevancia si se tiene en cuenta que solamente en 2013 la Argentina tuvo un déficit energético de U$S 6.500 millones
A su vez, se plantean acciones tardías e insuficientes en el caso del transporte y casi nulas en el sector de la construcción. Asimismo, hace falta priorizar la generación eléctrica de fuentes renovables como la eólica y solar, y el reemplazo de combustibles fósiles por biomasa. Hoy la Argentina cuenta con menos del 1% de su matriz eléctrica basada en energías renovables y, si bien se ha planteado a través de la reciente sanción de la Ley de Fomento a las Energías Renovable, subir ese porcentaje al 20% para 2025, esta meta se torna inalcanzable bajo los niveles actuales de inversión en el sector.
Las metas planteadas también son limitadas para el sector agropecuario y forestal, causante de casi la mitad de las emisiones de la Argentina. Si bien se dio un paso importante con la sanción de la Ley de Bosques, la medida es insuficiente para reducir la tasa de deforestación con unas 8 millones de hectáreas susceptibles de ser convertidas para otros usos del suelo. En esta sentido, una mayor inversión en la promoción de sistemas silvopastoriles responsables, como también una política más agresiva de incentivos económicos para impulsar buenas prácticas agrícolas y ganaderas en el territorio, permitirían reducir aún más las emisiones previstas en el sector promoviendo, al mismo tiempo, la conservación de otros servicios ecosistémicos como la provisión de agua dulce, la protección de suelos o la biodiversidad.
El cambio climático es uno de los principales problemas ambientales que hoy padece la humanidad, con consecuencias que generan pérdida de vidas humanas, extinción de especies, pérdida de ecosistemas únicos y un costo total global estimado, si continúan las tendencias actuales, que ascenderá al 3.6% del producto interno bruto (PIB) con un valor de 2,7 billones de dólares anuales. (Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales, 2008).
