El “Día de la Acción Ambiental por la Cuenca Matanza Riachuelo” apela a la conciencia de los argentinos, empezando por los funcionarios de gobierno con competencia en la región, para encaminar la solución real de uno de los lastres más representativos de la decadencia nacional: la situación ambiental de esa pequeña porción del territorio nacional -menos de 0,05%-, en la que vive más del 15% de los habitantes del país, en condiciones sanitarias deplorables.
CAARA hace votos fervientes para que esta vez los anuncios oficiales se concreten en medidas efectivas de saneamiento al tiempo que insiste en llamar la atención sobre el valor del Seguro Ambiental Obligatorio (SAO) como uno de los recursos fundamentales para la solución definitiva del grave problema que lleva casi 200 años de desarrollo.
La fecha, el 8 de julio, fue instituida por la Legislatura porteña mediante la Ley Nº 4.162 en coincidencia con el día en que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en 2008, dictó un fallo intimando al Estado Nacional, Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires a realizar todas las acciones necesarias para sanear al riachuelo. La causa fue iniciada en 2004 por la denuncia de un grupo de vecinos contra esas jurisdicciones y 44 empresas por daños y perjuicios sufridos a raíz de la contaminación del Riachuelo.
En la cuenca Matanza-Riachuelo, que ocupa una superficie total de 2.240 km2, en territorios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 14 municipios de la provincia de Buenos Aires (Almirante Brown, Avellaneda, Cañuelas, Esteban Echeverría, Ezeiza, La Matanza, Lanús, Las Heras, Lomas de Zamora, Marcos Paz, Merlo, Morón, Presidente Juan D. Perón y San Vicente), viven alrededor de 8.000.000 personas, 35% sin agua potable y 55% sin desagües cloacales.
La región es un ícono mundial de la contaminación ambiental. El curso de agua es receptáculo de desechos de miles de pequeñas, medianas y grandes industrias radicadas en la región, que descargan allí metales pesados y aguas servidas provenientes de las napas saturadas de toda la cuenca, convirtiéndola en el tercer río más contaminado del mundo. Se estima que en la región hay radicadas más de 200.000 industrias, entre ellas químicas y petroleras. A raíz de esta situación la región se convirtió hace muchos años en un foco infeccioso con severas consecuencias en términos de enfermedades que afectan en especial a la población infantil.
Como consecuencia de la causa Mendoza, en 2006 fue creada por la Ley N° 26.168 la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), un ente público autárquico e interjurisdiccional que articula políticas comunes con los gobiernos de la Nación, la Provincia y la Ciudad en los temas ambientales de la región. En el fallo de 2008, la Corte Suprema intimó a ACUMAR a implementar un plan de saneamiento de la Cuenca.
Las primeras medidas de orden político relacionadas con la contaminación de la cuenca hídrica se remontan a 1822, cuando el gobierno de la provincia permitió el establecimiento en la zona de saladeros, mataderos, curtiembres y graserías que se habían alojado desde tiempos de las colonias a la vera del curso de agua que desemboca en el estuario del Rio de la Plata, al que utilizaban como sumidero.
La combinación de la a acción depredadora de las industrias y la ausencia de obras de infraestructura de saneamiento y ambiental, convirtieron a la cuenca Matanza-Riachuelo en el octavo lugar más contaminado del mundo, según un relevamiento realizado por el Instituto Blacksmith y la Cruz Verde Suiza, sobre la base de 2000 riesgos estimados en sitios contaminados de 49 países.
Durante muchos años se anunciaron planes de acción de saneamiento pero la naturaleza –especialmente por inundaciones-, la desaprensión de las industrias y el descuido de las autoridades se conjugaron para que observando con una perspectiva de mediano o largo plazo, la cuenca hídrica se haya ido degradando cada vez más.
El Seguro Ambiental Obligatorio (SAO) es una de las herramientas de política ambiental efectivas que cuenta el gobierno para limitar y prevenir acciones contaminantes de las industrias instaladas en la región. Su más eficiente exigibilidad y su ejecución, contribuirían en buena medida a reducir factores contaminantes y remediar los daños al agua y a la tierra que provocan los obligados a contratar pólizas, sin que los costos impacten en las cuentas públicas.
La grave situación de la Cuenca Matanza Riachuelo golpea en el orgullo de los argentinos y es una obligación moral de sus autoridades concurrir a su saneamiento para que quienes viven en ese entorno depredado y sus descendencias puedan acogerse al derecho emanado de la Constitución Nacional a vivir en un ambiente sano.
