La gestión anterior ostentaba con su financiamiento algo más de 7.100 obras a nivel nacional, de las cuales 4.500 ya están finalizadas. Las restantes son las que entran en este limbo jurídico, donde esperamos cierta conflictividad con los seguros de caución y litigiosidad en contra del Estado en el caso de interrupciones intempestivas. Las que corren con mayores desventajas son aquellas (500 aprox.) que fueron licitadas y no tenían avances físicos al 06/12/2023, contratos que el gobierno actual tiene decidido interrumpir salvo cuestiones muy puntuales. El 43% de estas obras se encuentran adjudicadas en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos.
Según la nueva administración, se planea relicitar todas las obras posibles en cartera con el modelo de financiamiento privado, donde el Estado guarda la billetera en el corto plazo y repaga la inversión con distintas modalidades (explotación, concesiones, etc).
Afianzadora ha puesto a disposición de su red comercial un departamento interdisciplinario (ingeniería-legal) con el objetivo de analizar cada contrato de nuestros clientes interrumpido por el Estado y suspender aquellas refacturaciones de contratos suspendidos.
Para consultas por este tema, escribir a info@afianzadora.com.ar.
