La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Aves Argentinas, Banco de Bosques, Flora y Fauna, Fundación Naturaleza para el Futuro (FuNaFu) y Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA) reclaman al Estado Nacional la suspensión de la construcción de las represas del complejo hidroeléctrico Kirchner-Cepernic sobre el lecho del río Santa Cruz, ubicado en la provincia homónima y último río glaciario de la Patagonia que corre libre desde la cordillera hasta el mar.
Tras la noticia difundida por el diario La Nación, sobre la renegociación del Gobierno argentino con la República Popular China por el avance de las obras, la coalición formada por las organizaciones mencionadas considera que existen tres razones fundamentales por las cuales debe desestimarse este proyecto que no cumple, desde su origen, con procedimientos transparentes, mecanismos de participación pública y un análisis adecuado de los posibles impactos ambientales que una obra de tal magnitud puede ocasionar al ecosistema. Además, no resulta un proyecto prioritario y no está en línea con los compromisos asumidos por Argentina en el Acuerdo de París para atender la problemática del cambio climático global.
1. Carencia en la justificación energética y económica
Las grandes represas no son consideradas energías renovables porque tienen un alto impacto sobre el ambiente natural y una escasa vida útil por acumulación de sedimentos, dejándolas inoperables. Además su productividad o factor de planta sería del 34% (comparada con Yacyretá que tiene un 71%), y sólo el 43% de la energía que generarían podría ser aprovechada por la capacidad de los tendidos eléctricos actuales. En su diseño se desconoció, asimismo, la importancia estratégica del proyecto en un marco de análisis integral e interministerial, como también, el costo real de los MW generados y cómo y quién lo pagaría.
La Canciller Susana Malcorra manifestó asimismo que el proyecto de las represas de Santa Cruz será menos ambicioso que lo presupuestado, pero que se logrará. En esa línea, se informó que las represas en cuestión pasarán de tener 11 a 8 turbinas, se reducirá el monto de la obra de US$ 7600 millones a US$ 4000 millones, se aplazarán los tiempos de la misma y que la provincia de Santa Cruz obtendrá un 12% de regalías por la energía transportada al país, aunque el Estado Nacional mantendrá la propiedad de las obras. Esto visibiliza que el proyecto hidroeléctrico responde meramente a compromisos financieros con otra nación para evitar una eventual situación de cross default, más que por genuinas prioridades energéticas y ambientales, consensuadas estratégica y participativamente entre todos los argentinos.
2. Impacto socio-ambiental
Dentro de la comunidad científica, existe consenso al afirmar que la construcción de represas es una de las mayores causas de disrupciones en los flujos de agua. Al mismo tiempo, son factores destructivos primarios del hábitat acuático, contribuyendo sustancialmente a la destrucción de pesquerías, la extinción de especies y la pérdida generalizada de servicios ecosistémicos de los cuáles depende la economía humana. Un informe sobre impactos particulares del complejo hidroeléctrico Kirchner-Cepernic realizado por la Administración de Parques Nacionales destacó el riesgo en la pérdida de la biodiversidad, comunidades limnológicas, así como de valores culturales, debido a la pérdida de información arqueológica y patrimonio paleontológico.
Un complejo hidroeléctrico como éste convertiría al río Santa Cruz en grandes embalses artificiales, devastando un ecosistema irremplazable como el área de influencia del Parque Nacional Los Glaciares (declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco) que alberga los glaciares Perito Moreno y Upsala, y el Parque Nacional Monte León. Asimismo, la confluencia y desembocadura de los ríos Chico y Santa Cruz ha sido declarada como AICA (Área de Importancia para la Conservación de las Aves). El sitio es clave como lugar de invernada para el críticamente amenazado macá tobiano (Podiceps gallardoi), ave endémica de la Argentina registrada sólo en la provincia de Santa Cruz y declarada Monumento Natural Provincial.
3. Déficits en materia de transparencia e información pública ambiental
El proyecto se encuentra viciado desde sus inicios, caracterizándose por una preocupante y sistemática ausencia de información vital, impidiendo al proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) cumplir con sus fines preventivos y precautorios y violando las previsiones de las leyes General del Ambiente (25675), de Protección de Glaciares (26639) y de Parques Nacionales (22351). Esta clase de deficiencias le fueron planteadas por sendas acciones judiciales a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la cual recientemente exhortó al Estado a que informe si se han llevado a cabo estos estudios, previo a la construcción de las represas.
Entre las irregularidades más notables se destacan principalmente dos: la falta de un proceso de adjudicación transparente, realizado previo a la aprobación de la construcción, violando además el procedimiento administrativo de EIA, ya que se inició meses antes de realizar un estudio que permitiera evaluar adecuadamente los efectos de la obra en el ambiente y la comunidad; y la instancia defectuosa de participación ciudadana que impidieron una real y genuina contribución del público, haciendo que dicho ejercicio quedara reducido a un mero formalismo.
Ayer se informó públicamente que se avanzará, en lo inmediato, con las obras de ingeniería y quedará habilitado sin más trabas el resto de la línea de créditos chinos, avivando otro debate que es el rol del financiamiento extranjero, en este caso chino, en nuestra economía. Pareciera que la presión para realización de las obras excede las necesidades nacionales para enfrentar la crisis energética y este proyecto sería un bastión en la Asociación Estratégica Integral. En efecto, en respuesta desde el gobierno de China se advirtió que frenarían otros convenios acordados a partir de julio de 2014, entre los que se encuentran las obras para las centrales nucleares y un swap financiero, herramienta para estabilizar el tipo de cambio y de esta manera fortalecer el nivel nacional de reservas.
En definitiva, se avanza aun cuando no atravesó el proceso jurídico-administrativo de la EIA y Evaluación Ambiental Estratégica. Hoy se desconocen los potenciales daños que las represas podrían generar, incluso con el nuevo diseño. El indicar que por el simple pase de 11 a 8 turbinas, se evitará que la potencia de las represas impacte en el ambiente es, por lo menos, una irresponsabilidad del Estado Nacional.
