La economía argentina en los últimos 10 años no creció. Según el Ministerio de Economía, en el 4° trimestre del 2023 el Producto Bruto Interno (PBI) fue de $280 billones, monto similar al del 4° trimestre del 2013 que –ajustado por inflación– fue de $282 billones. Como la población crece a razón de aproximadamente 1% por año, en una década, el PBI per cápita cayó 10%. Ante semejante retroceso productivo no sorprenden la caída de los ingresos reales y el deterioro en las condiciones de vida de la mayor parte de la población.
Para salir de esta decadencia el gobierno impulsa el Pacto de Mayo. Contiene un decálogo para avanzar hacia la modernización institucional. Incluye el respeto a la propiedad privada, equilibrio fiscal, menor gasto público, reformas tributaria, de la coparticipación, laboral, previsional, reforma política, integración al mundo y promoción a las provincias para que exploten sus recursos naturales. Son todas transformaciones imprescindibles que deben ser abordadas de manera simultánea. Dentro de ellas, una muy importante para la recuperación del empleo y que suscita muchas resistencias es la reforma laboral.
La pregunta que cabe hacerse es si están dadas las condiciones para abordar una discusión seria, desapasionada y conducente hacia la modernización de las instituciones laborales. Para responderla, ayuda remitirse a los datos del Ministerio de Trabajo y del INDEC. Según estas fuentes, se estima que al 4° trimestre del 2023 en Argentina hay 20 millones de ocupados urbanos de los cuales:
- Asalariados registrados en empresas privadas son el 31%.
- Empleados públicos de planta nacionales, provinciales y municipales son el 17%.
- El restante 52% son monotributistas y trabajadores informales.
Estos datos muestran que menos de un tercio de los trabajadores están amparados por la legislación laboral del sector privado. Esto sugiere que, no solo es urgente actualizar la legislación laboral, sino que también debería haber menos resistencias a hacerlo. Las inercias y el conservadurismo generalmente se amparan en la irrenunciabilidad de las conquistas logradas con el tiempo y que gozan los asalariados registrados actuales. Pero las evidencias están mostrando que éstos son sólo una minoría. La mayoría de los trabajadores son monotributistas o asalariados o cuentapropistas no registrados. Dado que las normas laborales cubren solo a una elite debería ser menos complicada su actualización.
El gobierno, apenas asumido, dispuso –a través del Decreto de Necesidad de Urgencia 70/23– importantes transformaciones sobre las instituciones laborales. Elimina la multiplicación de la indemnización por despido por fallas en la registración laboral, tipifica el trabajo independiente para dar seguridad a las contrataciones de obra y servicios, estipula que los créditos laborales se actualizarán por inflación más un 3% anual en reemplazo de las muy gravosas tasas de interés que aplica la justicia laboral, habilita a las pymes a pagar la indemnización por despido hasta en 12 cuotas, entre otras medidas. Probablemente su principal debilidad es que preserva la centralización en la negociación colectiva.
Como era previsible, el DNU fue cuestionado y la justicia laboral falló a favor del pedido de suspensión. Aunque los argumentos para el cuestionamiento son variados, los principales puntos de conflicto son la prohibición al empleador de hacer retenciones de aportes sindicales sin consentimiento expreso del trabajador, la caída de la vigencia de aportes sindicales en convenios colectivos vencidos (ultra-activos) y poner como causa objetiva de despido los bloqueos, tomas o impedimentos a otros trabajadores a trabajar. Es decir, medidas que afectan directamente el interés de los sindicalistas.
El fracaso del capítulo laboral del DNU muestra la relevancia de contar con idoneidad técnica y pericia política para instrumentar reformas tan disruptivas. Carecer de estrategias eficaces para la implementación lleva a que los planteos de transformación se reduzcan a meras expresiones de voluntarismo. La principal conclusión es que para llevar a la práctica la reforma laboral y el resto de la agenda del Pacto de Mayo se necesita mucha más capacidad técnica y política de la que el gobierno viene mostrando hasta ahora.
Fuente: informe 1064 de IDESA.
