Para algunos especialistas, el mundo asegurador muestra a nivel local un retraso normativo que dificulta su crecimiento y esto repercute en el terreno económico y judicial. Al menos así lo revela una entrevista publicada por El Cronista, donde distintos abogados referentes del sector opinan sobre ésta problemática.
En esa línea, Javier Santiere, socio de Bulló Abogados señala que “los desafíos legales están vinculados a la modernización de las normas que regulan la actividad». El abogado explica que las modificaciones introducidas por el Código Civil y Comercial en materia contractual son un punto de partida para iniciar un proceso de necesaria actualización y regulación particular del microsistema en el que se encuentra inmersa la actividad aseguradora.
Otro de los grandes retos que enfrenta la industria es consolidar políticas de Estado y regulatorias. Así lo advierte Laura Santanatoglia, socia de Allende & Brea, quien afirma que “la actualización normativa debe estar acompañada de medidas activas para promover una mayor cultura aseguradora y conseguir que la sociedad tome conciencia de los beneficios de contar con un seguro apropiado”. A su juicio, se debe percibir al seguro como una herramienta eficaz para minimizar riesgos, alcanzando su función de protección, y logrando un mayor crecimiento de la industria.
Es indispensable que la SSN aplique en su totalidad las normas vigentes, en particular las que resultan de la Ley 20.091 de control de la actividad. Merece especial atención la necesidad de la transparencia. La SSN no solo se hace de información de las entidades aseguradoras para ejercer la adecuada supervisión sino, además, para brindar al mercado toda la información necesaria para evaluar la calidad y solvencia de los operadores«, enfatiza Juan Chevallier-Boutell, desde el Estudio Beccar Varela.
Otros abogados consultados consideran necesario un nuevo marco normativo del seguro que contemple las leyes 17.418, 20.091 y 22.400; normas que regulen e incorporen la comercialización, contratación de seguros y entrega de documentación mediante el uso de medios electrónicos. De esta manera, se lograría incentivar la producción y desarrollo de los seguros, en el marco de las nuevas modificaciones del CCyC y la armonización de la normativa de la SSN con la del Banco Central en materia de pólizas saldo deudor, tal como señala la nota de El Cronista.
Por otro lado, sostienen que el régimen de aprobación de productos por parte de la SSN se debe actualizar, ya que no se adecua a las necesidades de la actividad comercial. Al respecto, Chevallier-Boutell agrega que “hay una necesidad de una profunda revisión de las regulaciones dictadas por la SSN en los últimos años, las que a todas luces exhiben un exceso regulatorio que, en definitiva, ahoga al sistema y torna ineficaz la tarea de supervisión. Sería conveniente la adecuación a la realidad, luego de años de alta inflación, de ciertos valores como es el caso de los requerimientos de capitales mínimos tanto para las aseguradoras como para las reaseguradoras».
Hace falta una revisión de las normas que regulan el régimen de reaseguro. También podría trabajarse en algún procedimiento de arbitraje para el sistema asegurador. La adopción de incentivos fiscales podría potenciar el aseguramiento de determinados riesgos y redundaría en definitiva en beneficios generales», opina Silva Ortiz, name partner de Silva Ortiz, Alfonso, Pavic & Louge Abogados.
Por último, una de las grandes problemáticas que padece el sector es el tema de la litigiosidad. Sobre ello, Juan Carlos Etchebehere, socio de Nicholson y Cano, apunta que la Corte Suprema dictó un reciente fallo (ver nota de 100% SEGURO) que «corrige una malinterpretación de las normas del régimen de riesgos de trabajo, que ha llevado en ciertos casos a establecer montos indemnizatorios estrafalarios«. Para el socio de Nicholson y Cano, la litigiosidad va a seguir, “pero la expectativa económica de quienes reclaman va a estar más contenida”, y esto les va a permitir a las ART “planificar mejor sus costos”.
En tanto, para Silva Ortiz, el sistema judicial sigue funcionando con problemas estructurales, como el sistema de peritajes o los criterios dispares de los tribunales, entre otras causas que terminan en decisiones judiciales inciertas y aún contradictorias para casos similares. Pero señala que se observa «lentamente un mayor análisis por parte de los jueces civiles de los hechos concretos y de los términos del contrato de seguro».
