La primera encuesta de Coface sobre el comportamiento de pago de las empresas en Brasil, llevado a cabo para 120 empresas, revela que éstas todavía deben hacer frente a un entorno difícil. Aunque 2017 acaba de comenzar, la previsión para el PIB no es muy buena. Si bien se espera abandonar la recesión, se prevé un crecimiento de sólo un 0,4%
Casi la mitad de las empresas reportó un deterioro de la experiencia de pago, debido a las dificultades financieras de sus clientes
Las ventas a crédito son una práctica habitual en Brasil. Casi la totalidad de las empresas encuestadas (97%) ofrece a sus clientes esta posibilidad. Esta práctica obedece a un mercado altamente competitivo, ya que el número de encuestados que alegó problemas de tesorería por parte de sus clientes fue sorprendentemente bajo.
El sombrío entorno económico ha afectado negativamente el comportamiento de pago de las empresas. La mayoría (58%) observó un aumento de los impagos en 2015 respecto a 2014. El resultado para 2016 ha sido más divergente, ya que la encuesta indica que la experiencia de pagos se ha deteriorado con respecto al año anterior para el 46% de las empresas. Para la mayoría de ellas (79%), la media de los impagos no excede los 30 días. El mismo porcentaje declaró que la situación permaneció estable en 2016, mientras que una minoría (8%) ha observado una evolución positiva.
Sólo el 13% de las empresas declaró tener un saldo deudor superior al 5% (relación entre el importe de ventas que son pagadas con retraso sobre la cifra de negocios global). Para casi el 40% de las empresas este ratio se sitúa entre el 0,5% y 2% de la cifra de negocios.
Según el 57% de los encuestados, la razón que más frecuentemente esgrimen los clientes cuando solicitan ampliaciones de los plazos de pago son las “dificultades financieras”, seguida de una “elevada tasa de morosidad en sus carteras de clientes” y de “dificultades de gestión de compradores”. Más aún, el 81% de las empresas ha mencionado la recesión económica como el principal fundamento macroeconómico con repercusión en los resultados de sus clientes.
La inestabilidad política también es significativa – y es poco probable que se reduzca en el corto plazo. El índice de incertidumbre política EPU corrobora esta percepción (ver gráfico debajo – cuanto más alto, peor). Desde que empezó el caso “car wash” (marzo 2014), hasta el mes de diciembre de 2016, el índice escaló alrededor de 247 puntos.
La acción más efectiva en caso de impago
La gran mayoría (78%) piensa que la negociación amistosa es la herramienta más efectiva en caso de impago en el país.
Sin embargo, hacer cumplir los contratos en este país no es fácil. Según el Índice Doing Business de 2017, este proceso puede tardar una media de 731 días y costar el 20,7% del importe del siniestro. A modo comparativo, la media para la región de Latinoamérica es de 749 días, con un costo de 31,3% del siniestro.
En lo que respecta a las insolvencias, la mayoría de las empresas encuestadas (58%) observó un aumento de los clientes que presentaron un concurso de acreedores (Chapter XI) en el último año. En 2015, se reportó un aumento del 55% respecto a 2014. En 2016 se observó un nuevo incremento del 45% interanual. Entre las empresas que reportaron un aumento de los concursos, un 53% no constató cambios en el comportamiento de pago de sus clientes antes del concurso. En los últimos años, el recurso “Chapter XI” se ha generalizado en Brasil, afectando a empresas de diversos tamaños y sectores.
Retrasos en los pagos en los distintos sectores
En todos los sectores analizados, la proporción de empresas afectadas por la morosidad es del 75%, con retrasos elevados en casi todos los sectores. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, junto con la Construcción, son los más afectados, con el 100% de sus empresas experimentando problemas de pago. Sorprendentemente, el sector menos afectado es el de la venta minorista (36,8%).
La duración media de los retrasos en el pago es de 30 días. Los únicos sectores que han reportado retrasos de más de 121 días son la Construcción y el sector Agroalimentario. Por último, cabe señalar que ninguna de las empresas de nuestro estudio excedió los 150 días de retraso.
