A 27 años de su nacimiento, y en algo que constituye uno de sus mayores logros, el Sistema de Riesgos del Trabajo contabiliza 10.318.542 trabajadores (incluyendo aquellos que se desempeñan en casas particulares), dato que implica un aumento sustancial -el triple- respecto a la cantidad que había al inicio del sistema, en 1996, cuando la misma era de poco más de 3,5 millones.
Según destacaron desde la SRT, este sistema, en tanto componente del sistema de seguridad social, incorporó criterios de organización centrados en tres propósitos: la prevención de los riesgos laborales, la reparación de los daños, recalificación y/o reubicación ocasionados por el trabajo y la promoción del diálogo social tripartito entre los actores que lo componen para propiciar mejoras en las medidas preventivas.
Las políticas y sus consecuentes acciones de prevención fueron monitoreadas por el Estado a través de la SRT mediante programas de fiscalización, a fin de verificar el efectivo cumplimiento de los empleadores sobre la normativa en materia de salud y seguridad y controlar las acciones de seguimiento y asesoramiento que las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) deben realizar.
El fortalecimiento de una cultura de la prevención se potenció a través del diálogo social entre los actores y la generación de espacios de consenso que redundan en más y mejores políticas, favoreciendo de este modo ambientes de trabajo seguros y saludables.
Más de medio centenar de mesas cuatripartitas que funcionan en el ámbito del Programa Nacional de Prevención por rama de actividad son ejemplo de ello. En ese ámbito se construyen consensos que se ven ratificados en la generación de diferentes manuales de buenas prácticas, fichas técnicas y folletos con recomendaciones preventivas.
Fruto de estos ejes de trabajo es que, en casi tres décadas de existencia, los principales índices de medición del sistema arrojan un saldo alentador. Tal es el caso del que mide la incidencia global de casos mortales, que pasó de casi 221 cada millón de trabajadores cubiertos en 1997 a 60, en 2022. También se registra un importante descenso en el índice de incidencia respecto a la accidentabilidad laboral y enfermedades profesionales del orden del 32% entre 1997 y 2022 (77 casos cada 1000 trabajadores cubiertos contra casi 53 en 2022). Aún con estos registros, seguir insistiendo y trabajando en nuevas políticas de prevención es uno de los objetivos principales de aquí en adelante.
La inserción de la tecnología en esta tarea se volvió un actor fundamental como instrumento de modernización de los mecanismos de control y supervisión, que potencia las acciones de intercambio de información. En el marco del Programa Prevención 4.0 surgió el Acta Digital Única (ADU), una nueva herramienta digital de reciente aplicación para la carga de los datos relevados durante los procesos inspectivos, cuya finalidad es la de agilizar las acciones que realiza la SRT para prevenir los riesgos laborales, aportando transparencia y calidad a la tarea.
Como un aporte más a esta cuestión, la SRT elaboró el “Libro Blanco de la Tecnología Digital en la Prevención de Riesgos del Trabajo”. Este libro contiene la visión del organismo acerca de cómo debería ser la inserción de tecnología 4.0 en la gestión de la prevención de los riesgos derivados del trabajo, es decir, a una manera de trabajar en soluciones enfocadas en la interconectividad, la automatización y los datos en tiempo real.
En simultáneo, el Estado, en general, y la SRT, en particular -en tanto órgano de control que además ofrece un servicio al ciudadano- debía y debe estar cerca de la gente. En este sentido, desde hace algunos años está en marcha un proceso de apertura y transformación de comisiones médicas a lo largo y ancho del país que elevó el número de edificios funcionando a casi 100. Hoy, el 86% de los reclamos laborales que se caratulan y revisten algún grado de incapacidad alcanzan un acuerdo y homologación en esta instancia administrativa.
Queda aún mucha tarea por hacer: seguir disminuyendo los índices de siniestralidad laboral, incorporar a nuevos colectivos aún no cubiertos y mejorar la calidad de las prestaciones dinerarias y en especie para brindar una justa reparación.
