Tal lo analizado ampliamente en nuestro portal (ver nota con todos los detalles), a partir de la emisión de la Comunicación “A” 5928 del BCRA, se generó un nuevo esquema regulatorio para la comercialización de seguros a través de bancos, ya sea aquellos de contratación accesoria a un servicio financiero, como los no accesorios. Dentro de los primeros, se encuentran los “Seguros de vida sobre saldo deudor”, un negocio millonario, y que a partir de la oficialización de dicha norma, abrió la posibilidad de que los bancos puedan autoasegurar los riesgos derivados del fallecimiento e invalidez total permanente de los usuarios.
La medida puso en pie de guerra a las compañías aseguradoras, que no sólo cuestionan la legalidad de la norma, sino que además amenazan con recurrir a la Justicia para pelear por un negocio que, estiman, les representa un volumen de entre 8000 y 10.000 millones de pesos al año”, señala al respecto una nota de La Nación, en la cual se revela que cámaras del sector hicieron llegar cartas con su reclamo en los últimos días al Presidente del BCRA, Federico Sturzenegger, y al Superintendente de Seguros, Edgardo Podjarny, y solicitaron además una audiencia urgente, sobre la cual aún no tuvieron respuesta.
Desde el BCRA sostienen que con la reglamentación habrá mayor competencia entre los bancos para ofrecer costos competitivos, y además, como ya no podrán cobrar aparte por el seguro de los saldos financiados, sino que van a tener que contemplar el riesgo en la tasa de interés, el cliente podrá comparar mejor entre una entidad y otra.
La gente se fija en la tasa, no en el costo financiero total. Así va a elegir mejor y los bancos van a estar obligados a competir», explicó una fuente al tanto de la postura del BCRA a La Nación.
En el mercado asegurador esgrimen que el BCRA no tendría competencia para definir sobre los seguros, y estarían dispuestos a ir a la Justicia si no se da marcha atrás. «Los únicos que pueden vender seguros son las compañías aseguradoras. El Central no tiene poder de regulación sobre el sector. Eso le corresponde a la Superintendencia de Seguros de la Nación. Y ésta es una medida que tomó el Banco Central», dijo a La Nación una fuente del sector.
La Superintendencia debería velar por el mercado asegurador, y esta apertura de competencia a los bancos les quita mercado a las aseguradoras, que son las únicas autorizadas por ley a operar en el rubro», agregó.
Según surge de la nota, en las cartas que hicieron llegar al BCRA la Asociación de Aseguradoras de Vida y Retiro (Avira), la Asociación Argentina de Compañías de Seguros (AACS) y Aseguradores del Interior (Adira) explican que el «autoseguro» -dado que los bancos empezarían a asegurar por cuenta propia los riesgos de vida e invalidez por los saldos deudores de créditos y de tarjetas- es contrario al régimen instituido por las leyes 20.091 y 17.418.
La asunción del riesgo de fallecimiento o de invalidez de una persona excede el riesgo crediticio propio de la actividad bancaria, pues ninguna de esas circunstancias implica necesariamente la insolvencia del deudor», dice el texto. «Dada la finalidad comercial de las entidades financieras, en modo alguno puede presumirse que ese riesgo será asumido en forma gratuita», agregan.
También advierten que la medida hará que se eliminen puestos de trabajo y reducirá en forma «significativa» la actividad. También recortará el peso de las aseguradoras en el mercado de capitales, como inversores institucionales. Según señaló el director de una empresa líder a La Nación, para las compañías de vida, el negocio que acaban de perder a manos de los bancos era el de mayor volumen de su cartera.
Con esto, lo que van a hacer es que los bancos no les presten a las personas mayores o a las que estén enfermas», subrayó. «Además, el BCRA no puede hablar de costos cuando pone la tasa de interés casi en el 40%. Los seguros, como mucho, representaban el 1% anual», dijo.
Finalmente, desde la Asociación de Defensa del Asegurado (ADA) le hicieron llegar al Central una carta para apoyar la norma que, dice, les permitirá ahorrar a los usuarios de servicios financieros $ 8000 millones al año, «que hasta ahora venían pagando injustificadamente».
Con esta resolución termina una de las prácticas abusivas en perjuicio de los usuarios más enraizadas en el sistema financiero y contra la cual anteriores autoridades no adoptaron ninguna decisión tendiente a erradicarla», aseguran.
