La Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), cámara que nuclea a las ART, comunica una irregularidad en relación a los Peritos Médicos Judiciales. Se trata de la asignación de causas por accidentes de trabajo a médicos sin sorteo informático previo y que, además, no estaban inscriptos en el padrón correspondiente. Es decir, en total incumplimiento del procedimiento previsto en las normas que regulan el quehacer judicial en la materia.
Este hecho se agrega a la serie de desvíos que desde dicha especialidad auxiliar de la justicia viene perjudicando al Sistema de Riesgos de Trabajo. La UART ha informado con anterioridad, acerca de los sobrecostos que generan los peritajes que no se atienen al Baremo -podrían llegar a la exorbitante suma de $188 mil millones adicionales a pagar en sentencias de juicios pendientes-, como así también al abuso en la aplicación del concepto de “incapacidades psicológicas” en causas judiciales de lesiones tales como esguinces y torceduras, entre otras, por citar solo dos de las más frecuentes.
Esta irregularidad en la asignación de las causas saltó a la luz, a raíz de la imposibilidad de ubicar a dos médicos que supuestamente habían sido sorteados como peritos. Al constatar la falta de datos sobre los mismos, el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 34 realizó un arqueo y pudo constatar que en 24 causas iniciadas contra 9 ART, se había omitido el protocolo del sorteo reglamentario y se habían asignado las mismas a médicos que no figuraban en el listado oficial. Los casos descubiertos hasta el momento se extienden de mayo a octubre de 2016.
Ante esta situación, la Jueza Funes Montes, a cargo del Juzgado de Trabajo Nº 34, inició una causa penal que tramita ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Nº 25 a cargo de la Dra. Palmaghini, Fiscalía Nº 47 de la Dr. Solimine, resultando imputados los 2 médicos designados irregularmente y el empleado del juzgado supuestamente involucrado en la maniobra en cuestión, quien fue cesanteado del Poder Judicial.
Asimismo, la Unidad de Prevención del Fraude en las Relaciones Laborales y los Recursos de la Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, se presentó en la causa penal que lleva adelante la Dra. Palmaghini.
Esta es una muestra adicional de las falencias en el quehacer pericial en el ámbito de la justicia laboral y vuelve a poner sobre el tapete, la necesidad de dar cumplir con lo establecido en la Ley 27.348 en cuanto a la intervención del Cuerpo Médico Forense o la formación de Cuerpos Médicos Periciales específicos para valoración del daño en el ámbito de la justicia, aspecto que desde la UART se viene solicitando desde la aprobación de la Ley en febrero de 2017. Con esto, la Ley 27.348 además exige que los honorarios de los peritos judiciales no estén acoplados al monto del juicio y que cobren exclusivamente por la tarea realizada, además que utilicen el Baremo como instrumento para determinar la incapacidad.
Desde UART, en coincidencia con los sectores de empleadores, trabajadores y también del propio Estado, destacamos los avances que produjo la Ley 27.348 en cuanto a las adhesiones provinciales (14 provincias que concentraron en 2017 el 85% de la litigiosidad del sistema) como así también en cuanto a la baja de la judicialidad (34 en el primer semestre de 2018). Sumamos además como aspecto positivo las sentencias judiciales favorables a las previsiones de la nueva Reforma, emanadas en las diferentes instancias y jurisdicciones de nuestro país.
Todos los logros son muy importantes y en relativamente poco tiempo para lo que significa este tipo de reformas. Son pasos importantes en pos de recuperar la esencia para la cual fue creado el Sistema de Riesgos del Trabajo. Esto no obsta que debemos señalar también que quedan asuntos pendientes, tales como, la constitución de los Cuerpos Médicos Periciales en el ámbito judicial, sin lo cual seguirán los excesos en las pericias judiciales que tornan impagable el stock de juicios pendientes y que pueden incluso revertir la baja de la litigiosidad que se produjo en este primer año y medio de la nueva Ley.
